Las abogadas defensoras de los pobres, del Sur de Honduras

Tomando de cespad.org.hn

Cinco mujeres lideran un particular conglomerado de abogadas en el Sur de Honduras. Y, pese a los riesgos, las amenazas y las campañas de desprestigio que han sobrellevado por parte de políticos, empresarios y algunas autoridades de la zona, estas mujeres, que conforman La Red de defensoras de Derechos Humanos, mantienen viva la convicción de que deben defender a las comunidades pobres de la presencia de proyectos extractivos, a las y los líderes comunitarios que son amenazados por defender sus recursos y  a personas que son perseguidas por hacer uso de su derecho a la libertad de expresión y a la protesta.

Las hermanas Nidia Gissela y Denia Suyapa Castillo Fúnez, junto a Karen Herrera, Karen Matilde Ponce y Cindy Sánchez, integran la Red  de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos que opera en la ciudad de Choluteca, Sur del país. Pero aquí no hay derroche de dinero porque defender pobres no hace millonario a nadie. Eso hace diferente a este grupo de abogadas que trabaja con la convicción de que se debe apoyar a quienes se convierten en víctimas del binomio que representa el poder de unos pocos y la manipulación del sistema judicial hondureño.

Fueron las hermanas Castillo las que iniciaron este proyecto desde su bufete, cuando atendían diversos casos e identificaron la necesidad de dar “un valor agregado”. Poco a poco fueron conociendo situaciones en las que era obvia la injusticia y la arbitrariedad en contra de comunidades y pobladores indefensos. Fue así como decidieron orientar sus acciones a la defensa de decenas de pobladores que, desde el 2009, han vivido un verdadero calvario debido a los atropellos de las autoridades y las empresas extractivas que comenzaron a instalarse en la región sur de Honduras.

Nidia se especializó en Derechos Humanos y funge como Directora ejecutiva de la Red, y Denia es la Coordinadora del Equipo de Litigio. Ambas despertaron su interés y el deseo de trabajar a favor de casos en los que era urgente reivindicar los derechos de pobladores, particularmente los que no cuentan con la posibilidad de pagar una defensa legal. Después de varias luchas, relataron que concretaron su proyecto de Red de Defensoría en el 2017, justo en la crisis post electoral en Honduras. Fue un momento crítico, aseguran, porque mientras afloraron muchos casos de violación del derecho a la libertad de expresión, arreciaron las protestas de hondureños en la zona sur y Choluteca convulsionó.

“Se iniciaron procesos judiciales por delitos de daños, portaciones ilegales de armas, tenencia y de armamentos caseros; se les acusaba a los pobladores de elaborar bombas. Fue allí donde empezamos a tomar casos, pero vimos que no era suficiente y que requeríamos algo más grande, y fue cuando se armó la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos”, recuerda Nidia.

Los inicios

El grupo inició con 25 abogadas. Muchas eran egresadas de la Universidad Católica. Eran las que, a criterio de las hermanas Castillo, tenían los conocimientos frescos, iniciaban una carrera como abogadas y tenían el perfil idóneo para ayudar a las causas. Pero el desánimo llegó en poco tiempo cuando sintieron el peso de trabajar por un “voluntariado”. En pie de lucha solo quedaron las cinco abogadas que desde hace tres años sostienen el proyecto. A ellas les corresponde librar las duras batallas que se concentran en Choluteca, Namasigüe, Zacate Grande, entre otras zonas en las que se concentra la instalación arbitraria e inconsulta de proyectos extractivos o de terratenientes que buscan despojar de sus tierras a los campesinos y pescadores. “No sólo llevamos casos de libertad de expresión, sino casos en el tema de la defensa del territorio, bienes comunes contra proyectos extractivistas que se instalan en Choluteca”, agregan las hermanas Castillo.

Pronto la red fue adquiriendo notoriedad. Los pobladores llegaban de territorios que no imaginaban que podrían estar enfrentando conflictos legales debido a los proyectos de generación de energía fotovoltaica que se han instalado en sus territorios. “Así comenzamos cuestionando esos proyectos y acompañando a los pobladores. Namasigüe fue uno de esos primeros casos; acompañamos a 32 líderes comunitarios que fueron denunciados”, explica Castillo.

Las empresas noruegas Norfund y Scatec son las responsables de desarrollar el proyecto fotovoltaico Los Prados en Namasigüe. Por oponerse, fueron acusados por delitos de coacción y amenazas muchos pobladores. “Iniciamos la lucha, pero estábamos desprotegidas porque se requiere de recursos económicos y eso nos estaba consumiendo. Fue cuando vimos la necesidad de constituirnos como Organización No Gubernamental (ONG). Así continuamos de manera más organizada el tema de defensoría de Derechos Humanos, atendiendo los casos como el de los líderes de Namasigüe”, relataron.

En 2018, gracias al impulso y apoyo que les dio la organización internacional Abogados Sin Fronteras – Canadá (ASFC), establecieron una alianza para luchar, a través del Proyecto Justicia y Gobernanza, el derecho de acceso a justicia, a víctimas de violación de Derechos Humanos y personas vulnerables.

Empezaron con el litigio estratégico, porque la red de abogadas solo daba acompañamiento a las víctimas. “El litigio estratégico no sabíamos qué significaba, pero con ASF aprendimos y fue algo satisfactorio. Ahora llevamos casos emblemáticos porque al aplicar este esquema buscamos generar un impacto estructural en la sociedad y en la normativa jurídica. Es un trabajo estratégico que se realiza desde lo legal, para incidencia, acompañamiento psicológico y en el tema de seguridad”, relataron.

El trabajo

Las abogadas no tienen como meta sólo lograr una sentencia, buscan “tocar estructuras sociales” y generar conciencia, empoderamiento y posicionar a líderes, lideresas y sus comunidades. “Es empoderar a las víctimas, que se conviertan en actores políticos de su propia lucha porque son los afectados y tienen que tomar conciencia. Los invitamos a reclamar y exigir sus derechos”, explican.

La criminalización de los líderes de Namasigüe les ocupa a estas abogadas, buena parte de su tiempo. Actualmente están acompañando a 32 pobladores acusados, todos, por defender sus recursos naturales. “Este caso es importante, es emblemático porque es aquí donde evidenciamos al Gobierno que hace uso de toda una estructura, el Poder Judicial, empresas, poder económico, político religioso; son los que se involucran en todo el proceso de violación para afectar a los líderes. Esto lo ponemos en la palestra pública, para que la sociedad conozca cómo el Gobierno opera”, explicaron.

Las abogadas están convencidas de que hay un patrón en todos los proyectos: instalarse de manera ilegal, una situación que eso genera la indignación de las comunidades. “Lo hacen de manera irrespetuosa, imponiéndose de manera inconsulta; no les preguntan a las comunidades. Evidentemente aquí en la zona sur, hablamos de ciudadanos y ciudadanas con derecho a la participación”, agregan.

Son cinco comunidades, aseguran las abogadas de la Red, las que están siendo afectadas por ese proyecto de generación de energía. En el mes de noviembre del 2018 fue asesinado Reynaldo Reyes Moreno, un líder de la lucha de Namasigüe. Su caso sigue impune, por eso las defensoras siguen poniendo “el dedo en la llaga” para que no quede como una muerte más en Honduras.

“Buscan intimidar. Cuando acusaron a los 32, la idea era privarlos de libertad tal como en el caso Guapinol. Entonces vemos que juegan estrategias casi iguales”, exponen las hermanas Castillo.

En el trabajo de defensa, también les ha tocado enfrentarse a militares. Las abogadas representaron a dos víctimas que fueron lesionados en el marco de la crisis post electoral. “En estos dos requerimientos denunciamos a cuatro militares, entre ellos dos tenientes. Se han denunciado y son de alto rango. Esto generó un impacto positivo porque en el marco de la crisis post electoral la agresión fue fuerte en Choluteca”, relató Nidia.

Uno de los logros importantes para las abogadas, es que, junto con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras, hicieron un trabajo articulado para denunciar el abuso militar y, en el 2019, presentaron acciones legales a través de los que se logró que se retirara a los militares de las calles. “Ahora la presencia militar ya no se da, al menos no la hemos vuelto a tener por esos procesos de denuncia y se frenaron esas acciones”, explicaron las abogadas.

Los riesgos y Amenazas

A estas abogadas no las han parado las campañas de desprestigio que contra ellas se lanzaron en el 2018, cuando desarrollaron el trabajo que se impulsó en la defensa de las y los pobladores de Zacate Grande. Fue una lucha contra terratenientes y empresarios. “Se nos vinieron una serie de amenazas, campañas de desprestigio; nos acusaban, incluso, del delito de trata de personas. Fue una situación terrible porque identificamos que había políticos que estaba detrás del poder económico para desarticularnos y destruirnos como red”.

Las abogadas cuentan que hubo un momento en el que sintieron que todo se venía encima; muchas de las organizaciones con las que trabajaban se fueron. “Una por una, se retiraron. Dijimos bueno, ni modo, sin embargo, admiramos la objetividad con la que socios como ASFC y la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos nos trataron. A ellos no les importó y siguieron trabajando con nosotras”, menciona Nidia.

Ahora esta Red de Mujeres se fortalece. Tienen metas claras, objetivos trazados y proyectan resultados a corto y mediano plazo. Sus sueños llegan al 2025, año en el que pretenden estar consolidadas como una Red de abogadas especializadas en asesoría, litigio estratégico y ser un referente a nivel nacional e internacional, en el acompañamiento a víctimas de violaciones en Derechos Humanos y personas vulnerables.