Choluteca, Honduras | RADDH. Santos Hernández Ortíz, es un pescador humilde que vive hace décadas en una de las aldeas de la Península de Zacate Grande, heredada por sus antepasados. 

La lucha por defender su territorio que inició en 2014, lo llevó a prisión. Ahí pasó esta Navidad. Dentro de la cárcel hacía lo que su estirpe le enseñó: atarrayas (red para pescar) y fue considerado como una persona con buena conducta. 

Su vida pacífica y sus patrones culturales resultaron rotos cuando el empresario Jorge Cassis Leiva cercó un terreno que por décadas había sido considerado un camino real de la comunidad. Tanto Hernández como Ábel Pérez empezaron una lucha por defender sus territorios comunitarios. Una lucha con lágrimas, tristeza y convicción. Su delito: ser ambientalistas en un país peligroso para defender el planeta. 

No sólo han ido presos, sobre ellos los jueces dicen palabras como las siguientes: “Se trata de solucionar el conflicto planteado por la propia existencia de las penas privativas de libertad, ajustándolas a los fines que se consideran más legítimos, esto es, la resocialización o rehabilitación del delincuente, fines prioritarios conforme al texto constitucional”.

Fueron criminalizados bajo la figura de usurpación y amenazas y llevados a prisión en 2023, fueron condenados a una pena menor a cinco años, pero la justicia no solo fue severa con ellos sino ágil.

Un camino largo

La Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos solicitó el 23 de octubre pasado la libertad condicional excepcional de Pérez Ávila y el 19 de diciembre, realizaron la misma solicitud a favor de Hernández Ortiz. Esta solicitud fue planteada ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Choluteca Valle, de acuerdo con el expediente incidental No.165-2023.

Este 28 de diciembre, la jueza del Juzgado de Ejecución de Choluteca y Valle, Melissa Ponce, les concedió la libertad condicional, con base en el artículo81 del Código Penal.

“Celebramos con alegría junto con los defensores y familiares de los defensores este pequeño acto justiciero. Es una gota de justicia”, dijo la directora de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH), Nidia Castillo.

De su lado, la abogada Denia Castillo, dijo que Santos y Abel ya irán a pasar Navidad con sus familias, pero “para nosotras no hay justicia porque fueron condenados de algo injusto. Nuestro compromiso es seguir trabajando, esforzándonos para que algún día Zacate Grande pueda ver el sol y pueda tener rayos de justicia dentro de sus territorios”.