La historia de una red de abogadas especialistas en litigio estratégico

Dos abogadas empezaron haciendo un trabajo voluntario para sobrevivientes de cruentas violaciones a derechos humanos, en el camino tejieron una potente red de mujeres especializadas en litigio estratégico.

Choluteca, Honduras | RADDH. El sol sureño alumbraba a contraluz a través de las persianas melancólicas. Pero había un aire esperanzador esta tarde en el relato de la directora ejecutiva de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, Nidia Castillo.

Han transcurrido 14 años desde que un golpe de Estado en Honduras provocó cruentas violaciones a derechos humanos y profundizó las ansias extractivistas en Choluteca, en el pacifico hondureño.

Un nubarrón de personas se vino como una tormenta de desplazados por la represión política y el despojo de sus tierras.

Al ver el dolor en derredor ­–recuerda sin poder contener las lágrimas­– las dos hermanas Castillo, Denia y Nidia, que habían crecido con principios jesuitas, pensaron que aunque iniciaran haciendo un trabajo gratuito no podían ser indiferentes ante tanta injusticia.

Era 2009, habían estudiado leyes para batallar por la justicia y no por laureles y poder. Empezaron desde ese año y no han dejado de trabajar ni cuando su vida estuvo riesgo.

Como les enseñaron en la congregación de Hermanas Maristas donde recibieron su primera educación, aprendieron a temprana edad que de solo juzgar, “la parte extraordinaria del ser humano es que pueda dar ese gran paso al actuar”, sostiene la abogada Castillo.

“La memoria me dice de que la red de abogadas no nace en el 2017, sus inicios surgen desde el 2009 a raíz del golpe de Estado”.

En ese lapso, las abogadas Castillo “empezamos a acompañar casos de violaciones de derechos humanos como la criminalización de campesinos para despojarlos de terrenos comunitarios en la península de Zacate Grande”.

Después del Golpe de Estado y del crecimiento de un Estado penetrado por el crimen organizado, grupos económicos aprovecharon la estructura de corrupción e impunidad para adueñarse de territorios de personas sin acceso a servicios jurídicos.

En 2010, la abogada Castillo trabajaba en el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH). Con esa experiencia, surgió su deseo y un fuerte sueño de poder “construir un colectivo que ya no sea una persona que acompañe casos de derechos humanos, sino que un grupo de abogadas y abogados que pudieran sumarse en este proyecto justiciero”.

La abogada Castillo no imaginaba que fuera posible llegar a constituir un colectivo como el que han logrado conformar.

“El proceso fue fluyendo poco a poco y a raíz de que pues se iban acompañando estos casos y que cada día los casos iban sumando más y más, entonces es que se va dando esta fuerte necesidad de irnos agrupando como colectivo”.

Para 2017, en plena crisis postelectoral por el fraude del ex presidente Juan Orlando Hernández, ahora enjuiciado en Nueva York por tráfico de drogas y tráfico de armas, tuvieron la necesidad de trabajar más horas incluso financiando actividades con sus propios recursos para luchar por acceso a la justicia para las personas más vulnerabilizadas.

Por el fraude electoral “surge la fuerte necesidad de construirnos como un colectivo”. “En ese momento no pensábamos ser una organización de sociedad civil”. “Ya no estábamos acompañando cinco casos, empezamos a acompañar más de 26 casos de criminalización en temas de libertad de expresión”. En esa coyuntura, Choluteca era un bastión de resistencia.

A raíz del proceso, las abogadas aprendieron que Choluteca siempre se ha caracterizado como un departamento histórico que ha resistido fuertemente en los procesos de lucha desde los setenta y los ochenta.

En los ochenta, Choluteca fue un lugar que se mantuvo en resistencia y de aquí surgieron grandes liderazgos víctima de desaparición forzada, como el caso el maestro Godinez Cruz.

Godínez Cruz vs. Honduras, Resumen del caso:  “La mañana del 22 de julio de 1982 desapareció Saúl Godínez, líder de un grupo de maestros. Si bien no hubo evidencia de que la desaparición estuviera vinculada a agentes del gobierno, varios otros casos de personas desaparecidas siguieron un patrón similar, en la misma época, que se sabe fue cometido por personal militar hondureño. El único intento del Estado de explicar la desaparición fue sugerir que el señor Godínez había ido a Cuba o se había unido a grupos subversivos. La Corte encontró que el Estado violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.  

Litigio estratégico

En medio del dolor y la represión del pueblo, las abogadas lloraron más de una vez, pero no dejaron de luchar fue así como entraron en contacto con un nuevo mundo desconocido para ellas hasta entonces: el litigio estratégico.

Esto se convirtió en una herramienta legal extraordinaria que llegó a sus  manos gracias al acercamiento que tuvieron con quienes se convertirían en sus principales socios: Abogados Sin Fronteras de Canadá.

“A mi parecer es una organización internacional extraordinariamente brillante porque no solamente proporcionan un apoyo financiero sino que también un apoyo técnico y que tienen como principal objetivo mejorar el acceso a la justicia”.

“Recuerdo que en el 2017 nosotros iniciamos con todo este trabajo meramente filantrópico, sin ningún interés monetario, lo estábamos haciendo desde nuestras propias condiciones y yo recuerdo que para el 2018 ya estábamos completamente asfixiadas porque estábamos haciendo un trabajo bastante macro en defensoría de derechos humanos, pero no teníamos ningún apoyo financiero y trabajar el tema de Justicia allí en nuestro país es caro”.

“Sentíamos que ya no teníamos fuerzas ni recursos para poder continuar este trabajo y fue a finales de 2018 que tuvimos la gracia divina de poder habernos encontrado con abogados Sin Fronteras Canadá”.

El dolor de las ausencias

 “Lloramos muchísimo, sufrimos mucho. Yo recuerdo que para ese entonces el caso de Prados nos tocó fuertemente el alma porque en el 2014 pues las comunidades se dan cuenta que se han ingresado maquinarias pesadas para empezar a descombrar grandes hectáreas y poder instalar un megaproyecto de energía fotovoltaica y hacerlo de una manera arbitraria y violenta”.

Eso hizo posible que las comunidades levantarán las voces e instalarán campamentos y resistieran, ante esa situación tan adversa que estaban viviendo, en 2015 “nosotras empezamos a acompañar”. En 2017 se libran requerimientos fiscales contra 33 defensores y defensoras ambientalistas y al año siguiente iniciaron una campaña de desprestigio contra la Red de Abogada, Defensoras de Derechos Humanos, presentaron un “requerimiento fiscal contra una compañera que hoy por hoy está exiliada, Johana Contreras. Y esa situación realmente nos golpeó”.

“El 2019 fue muy fuerte para nosotros, muy duro, lloramos, pero no dimos ni un paso atrás porque yo recuerdo que en los espacios de reuniones decíamos con las compañeras, entiendan que los procesos no son lineales tienen sus curvas”.

“Entonces ahorita estamos en una curva decíamos nosotras; tenemos que pasar esta curva y volver a lo lineal y entendimos a partir de ahí que íbamos a estar en ese constante caminar, que el caminar de la red no siempre iba a ser lineal, sino que íbamos a tener nuestras curvas y que para eso era importante desarrollar la resiliencia y la sororidad a nivel colectivo”.

Ahora tienen cinco años de estar acumulando experiencia y de convertirse en un equipo de litigio estratégico. Su rostro se destella una bella sonrisa cuando habla de esta poderosa herramienta y vuelve a iluminarse porque ahora la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH) está segura que puede luchar para que cualquiera que llegue a su oficina obtenga justicia.