¡El sol, el agua…o un fusil en la frente!

Era noviembre del 2018 en Guapinol y Nidia Argueta aún oye en su mente el grito que provenía de varios militares que la seguían: “una buena violada quieren para que dejen de joder”. A cientos de kilómetros de distancia, en Namasigüe, Yenni Aguilar rememora que en marzo del 2018 se hincó y pidió a policías y militares que no la golpearan junto a otras personas de su comunidad. Mientras, en Azacualpa, ese mismo mes y año, Flor Elmira López se enfrentó a un grupo de personas, entre ellos policías, para evitar que los restos de su padre fueran sacados del cementerio de su pueblo. Decenas de comunidades enfrentan conflictos socio-ambientales por la instalación de proyectos extractivos en Honduras, pero todos tienen un denominador común: la remilitarización de los territorios y la violación sistemática de derechos humanos.

Guapinol es una aldea que pertenece al municipio de Tocoa en el departamento de Colón, norte del país. En esta zona hay una lucha protagonizada por varias comunidades para evitar el funcionamiento de la empresa minera Inversiones Pinares por los estragos que está causando en el río que lleva el mismo nombre de la aldea. En Namasigüe, Municipio de Choluteca, sur de Honduras, varias aldeas se levantaron para evitar la instalación de la Planta Fotovoltaica Los Prados y en Azacualpa, una comunidad del occidental municipio de la Unión, en el departamento de Copán, la empresa Minerales de Occidente S.A (MINOSA),  lleva décadas socavando no solo las montañas, sino la paz de varias comunidades para extraer oro. Pero, de acuerdo con el documento “Territorios en Riesgo II Minería, generación de energía eléctrica e hidrocarburos en Honduras”, estos son solo tres proyectos extractivos de un total de 540 concesiones mineras y 307 proyectos de generación de energía que se han emitido, hasta julio del 2018, en Honduras. De ese total, 47 concesiones mineras y 25 proyectos de generación de energía están dentro de áreas protegidas. Mientras, de acuerdo con el documento “Situación de la Generación de la Energía Eléctrica a través de Energía Fotovoltaica en Honduras Julio 2015 – Marzo 2018”, 16 proyectos de generación de energía fotovoltaica se ejecutan actualmente en Honduras, específicamente en los departamentos de Santa Bárbara,  Choluteca y Valle.

“Las fuerzas de tarea”

Según la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), en el 2008, las Fuerzas Armadas de Honduras tenían 9,073 efectivos. Mientras que para el 2016 llegaron a 15, 216 elementos militares. La Policía Nacional, por su parte, tenía en el 2016 unos 13,752 efectivos. Para el 2020 se hace una proyección de 26,193 policías. La Policía Militar del Orden Público (PMOP), cuenta con ocho batallones, cuatro distribuidos en Tegucigalpa y cuatro en San Pedro Sula y tiene 4,300 efectivos.

¿Cuántos de esos elementos militares y policiales resguardan los proyectos extractivos en Honduras? Un militar de alto rango dentro del ejército hondureño, consultado, dice que en la jerga castrense se les llama “fuerza de tarea o una compañía”, a los grupos de militares asignados a la custodia de los proyectos extractivos, particularmente los que se ejecutan o están en proceso de ejecución, y que mantienen enfrentamientos con las comunidades.

“En Agua Zarca (proyecto hidroeléctrico en la comunidad Lenca de Río Blanco en Intibucá) estaba, el equivalente…le llaman una fuerza de tarea o una compañía, y una compañía está conformada por más de 100 hombres. En el bajo Aguán, igual, y en todos los proyectos que tienen destinan una compañía completa y una compañía; estaríamos hablando de la tercera parte de un batallón”, explica. En lenguaje más simple, el militar dice que un pelotón está conformado por 40 elementos militares, una compañía por 3 pelotones y un batallón, a su vez, por 3 compañías. Entonces, afirma que la tercera parte de un batallón, es decir, unos 120 militares, están asignados en cada una de las zonas donde hay proyectos mineros, hidroeléctricos o de otra índole, que mantienen enfrentamientos con las comunidades.

Nidia Argueta ha tenido que enfrentarse a esas “fuerzas de tarea” desde que en el año 2018 la presencia de la empresa minera Inversiones Pinares, se hizo visible en Guapinol y el sector San Pedro, en Tocoa. “Tuvieron que hacer fraude”, aclara, para rememorar un conflicto que tiene antecedentes en el año 2012 cuando, vía Decreto No 127-2012, se declaró como área protegida la montaña de Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras pero que, un año después, en el 2013, el Congreso Nacional, mediante Decreto Legislativo No. 252-2013, reformó de manera irregular el anterior Decreto y redujo la zona núcleo del Parque de 24,223.7 hectáreas a 24,006.36. La reducción fue de 217. 34 hectáreas de tierra que coinciden con la ubicación de las dos concesiones mineras otorgadas a empresa “Inversiones Los Pinares”.

“Cerro arriba del campamento que instalamos, éramos como 40 los que estábamos. Llegaron muchos militares y comenzaron a tirarnos bombas lacrimógenas”, recuerda Nidia de lo que ocurrió en noviembre del 2018. Su respiración se agita cuando trae a colación que junto a unas 20 mujeres más, corrieron y se dispersaron entre las veredas de los cerros. Iban sin aliento y aire en sus pulmones; los pies y piernas ya casi no les respondían. Lo que las mantuvo con fuerza para continuar corriendo fueron los gritos de los militares que iban detrás de ellas: “Se siente un escalofrío horrible”, dice, y es que los miembros del ejército les vociferaban “una buena violada quieren para que dejen de joder”. Luego de rodear los cerros y montañas por unas tres horas, lograron llegar a la comunidad, sanas y salvas.

El Estado y el “acuerpamiento” de los abusos

Flor Elmira López es una mujer de 60 años de edad. En Azacualpa, La Unión, Copán, es conocida por dos situaciones: la lucha que ha liderado, junto a otros pobladores, para defender a la comunidad de la destrucción de los recursos naturales que ha ocasionado MINOSA y porque en el mes de junio del 2018 se enfrentó a un equipo de forenses de la empresa minera, a varios elementos policiales y a guardias de seguridad privada para evitar que los restos de su padre fueran sacados del cementerio de su aldea.

Eran las 4 de la tarde cuando alguien la llamó por teléfono para advertirle que varias personas estaban a punto de sacar el cuerpo de su papá, el que había sido sepultado siete años atrás. Flor dice que corrió tanto como sus piernas le permitieron, desde la aldea hasta el cementerio. “Pasaba por debajo de los alambres y hasta el pelo dejé trabado allí; iba ahogada”. ¿Quién les dio el parecer para que sacaran a mi papá sin permiso mío?, les increpó al llegar, pues el cuerpo de su progenitor ya estaba fuera de la tumba, listo para ser llevado a otra zona. Flor ordenó a uno de sus hijos que atravesara en el camino, el automóvil en el que llegó para apoyarla. Esa acción, más los argumentos que esgrimió la sexagenaria mujer, dicen los testigos que con una fortaleza, contundencia  y convicción tal, hicieron que los profanadores desistieran, se fueran y dejaran los restos de su padre tirados en el suelo, envueltos en plásticos y hojas. “Lo volvimos a enterrar y allí sigue, donde debe estar”, agrega con contundencia.

Ese incidente, dice Flor, es uno de los más duros y dolorosos que ha vivido en su vida. Ni las gaseadas ni las embestidas de policías y militares que la han desalojado durante años, a ella y a muchos de los pobladores de Azacualpa, cuando se han tomado tramos carreteros para denunciar que la empresa minera quiere, a como dé lugar, sacar a los difuntos del cementerio para extraer el oro que existe debajo del camposanto, la han hecho pasar un trago tan amargo.

Héctor Antonio Trigueros es vicepresidente del Comité Ambiental de Azacualpa. Dice que aunque la lucha en la comunidad se ha debilitado por la división que ha propiciado la empresa, con el pago a algunas familias por  la exhumación de cadáveres, el daño ambiental que ha dejado es impresionante. “Tenemos que defender el bosque”, dice Trigueros, mientras hace un recuento de los daños al ecosistema de la zona. Y es que calcula que en los últimos años unos 20 mil litros de agua con cianuro han ido a dar de la empresa minera al Río Lara, provocando cantidades impresionantes de muerte de peces. Mientras, al menos 14 fuentes de agua, pozos y  pequeñas quebradas han desaparecido debido a la obvia deforestación provocada por el corte de cientos de miles de árboles en las 400 hectáreas de tierra que tiene concesionadas la empresa minera, por parte del Estado y gobierno de Honduras.

La lucha quizás es demasiado grande y fuerte para una aldea empobrecida como Azacualpa. Ramiro Lara, al frente de la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales de Honduras (ASONOG), lleva años apoyando a esta y otras comunidades. Por eso afirma que el aparato de seguridad del Estado actúa en favor de las empresas mineras. Sabiendo que hay violación a derechos humanos, atropellos a la dignidad de la gente, ¿por qué tenemos a Salud Pública, a un COPECO (Comité permanente de Contingencias), entre otras instituciones del Estado, haciendo dictámenes para favorecer y permitir el funcionamiento de la empresa minera?, se pregunta. La respuesta está afincada en que MINOSA, una de las empresas más grande en Centroamérica, produce 80 mil onzas de oro al año, por un valor de mil 300 dólares la onza. “Haga la conversión y se dará cuenta que son cantidades industriales de dinero. Hay mucho dinero para, además de comprar consciencia del liderazgo comunitario, comprar autoridades, dar regalías a diestra y siniestra, especialmente a quienes están en puestos de tomas de decisiones”, agrega.

La energía fotovoltaica que ha caldeado los ánimos en el sur de Honduras

La energía solar, de la que se derivan la fotovoltaica, la eólica y biomasa entre otras, ha tenido auge en Honduras a partir del 2015, cuando comienzan a hacerse visibles los primeros proyectos para generación de energía fotovoltaica en el sur de Honduras. “Con el fin de revertir la matriz energética usando energías renovables”, dice la Ley de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables que se aprobó durante el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales y que fue reformada durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, en el año 2013, proveyendo mayores beneficios fiscales a las empresas.

Algunos documentos informan que a la fecha, unos 16 proyectos están en ejecución, como se citó atrás, en los departamentos de Choluteca, Valle y Santa Bárbara. Sin embargo, en noviembre del 2017, los diputados Luis Redondo del Partido Anticorrupción (PAC), Jorge Cálix del Partido Libertad y Refundación (Libre) y el abogado René Adán Tomé, hicieron público un informe que detalló múltiples actos de corrupción con la aprobación de algunos de los decretos aprobados en la que denominaron “diarrea Legislativa”,  del 20 de enero de 2014. En esa ocasión, afirmaron, se aprobaron 67 decretos, entre estos 100 proyectos de energía renovable, generando una imprecisión en el dato. 

Sin embargo, coincidente con el tiempo de la denuncia atrás en el párrafo anterior, un año después (2015), entre los caseríos Prados I y Prados II; Guamerú, Costa Azul y Ranchería, pertenecientes a las aldeas de San Jerónimo y San Bernardo, en el Municipio de Namasigue, las maquinarias de la empresa Energía Solares comenzaron a preparar el terreno para la edificación de una empresa de generación de energía fotovoltaica.

“Lo primero que nos motivó es la defensa de territorio, la defensa de medio ambiente. Mirábamos que estaban talando árboles, árboles frutales, maderables y de todo”, rememora Yenni Aguilar, habitante de la aldea Costa Azul y lideresa de una lucha que emprendió esta comunidad en el 2017, cuando fueron convirtiéndose en testigos de cómo la biodiversidad de la zona fue afectándose con la instalación del proyecto. En esta región también están en operación las empresas Fotovoltaica Sureña, Generación Energética, Fotovoltaica Los Prados y Foto Sol, constituidas por Liana Bueso y Jim Eloy y luego adquiridas por capital Noruego, Scatec Solar. Estos proyectos generarán energía solar fotovoltaica sobre una superficie total de 88.2 Hectáreas, a un costo de US$ 102.02 millones.

Namasigüe forma parte del llamado Corredor Seco, una franja del territorio hondureño en el que convergen altos niveles de pobreza y una exclusión tal, que ha orillado a muchos habitantes a emigrar hacia los países del norte de América. La sequía de la zona es otro factor que impulsa a la migración y que genera más pobreza. Por eso, la tierra y las pocas fuentes de agua que hay en una de las regiones más deprimidas del país, es lo poco que tienen estas comunidades para mantener a sus familias.

“Llegamos a los predios todos los pobladores. Hicimos una comisión y fuimos a donde estaba la empresa para dialogar”, sigue diciendo Yenni, como parte de uno de tantos episodios vividos, en el que le exigían a la empresa el estudio de impacto ambiental de la zona en donde llegaron a ubicarse. Pero, al no tener respuesta, decidieron montar un campamento con el que intentaron evitar que se continuase destruyendo los ecosistemas de sus pueblos. Hay un incidente que aconteció el 8 de marzo del 2018, que Yenni tampoco olvida. Lo narra con tristeza. Cuenta que en el campamento que instalaron estaban unas 20 mujeres (algunas de la tercera edad) y 5 hombres, cuando irrumpieron más de 300 policías. Los contamos, dice, mientras agrega que llegaron acompañados por una menor cantidad de militares y elementos del batallón Cobra. Los rodearon y les apuntaron con sus armas.

“Estaban listos para disparar”, dice. Pero en respuesta ella y sus acompañantes se arrodillaron, comenzaron a orar y a pedirles que no les hicieran daño. También quisieron hacerlos entrar en razón, es decir, “queríamos que comprendieran que la lucha es por nuestros hijos y familias”. Pero luego de llorar y orar, el grupo de aldeanos decidió “soltar el campamento” e irse para sus casas. “Es una cosa muy triste”, suspira, porque después de ese episodio quitaron la bandera y la desilusión se apoderó de la población. “Lo deshicimos (el campamento) por la injusticia. El mismo aparato de justicia del país no nos defiende, sino que nos ataca”, agrega.

La remilitarización de los proyectos extractivos y el tráfico de influencias  

De acuerdo con el sociólogo Eugenio Sosa, la militarización puede ser entendida como la ocupación o invasión por militares (activos o en situación de retiro) de espacios o campos estatales o de la sociedad que son reservados, o deberían ser reservados, para los civiles. Algunos estudiosos de los temas militares prefieren llamar remilitarización a este mismo proceso, ya que son sociedades que ya han estado militarizadas antes, han realizado esfuerzos de desmilitarización, pero la militarización ha retornado. Así que, de alguna manera se puede hablar de militarización o remilitarización para referirse al mismo fenómeno.

Al ser consultado al respecto, Edy Tábora, abogado defensor de derechos humanos y miembro del Bufete de Justicia para los Pueblos, indica que la presencia de los militares en las zonas en conflicto por proyectos extractivos es parte de un plan que se fortaleció, particularmente, cuando en el año 2005 se dieron los primeros pasos con la aprobación de facultades de custodiar los bosques para los militares. “Un experimento para ir penetrando los territorios y luego introducir los modelos extractivistas”, afirma.

Los registros periodísticos del 2013 establecen que en agosto de ese año, durante la administración presidencial de Porfirio Lobo Sosa y de Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional, se aprobó y autorizó a Las Fuerzas Armadas la administración de bosques en Honduras. “En Consejo de Ministros, celebrado este martes en la ciudad de Danlí, se firmó un decreto que le permite a la Secretaria de Defensa, desarrollar proyectos de inversión forestal y agroforestal para generar ingresos destinados a fortalecer el Instituto de Previsión Militar (IPM), que beneficia a policías, militares y los bomberos”, dicen los textos de prensa en ese entonces.

Un ex militar consultado al respecto, y quien pidió el anonimato por obvias razones, dice que no descarta que por eso haya mayor presencia de militares cuidando los proyectos extractivos. Tampoco duda que oficiales de altos rangos tuviesen sociedad con las empresas que operan entre los bosques hondureños. “Y por eso, probablemente, defienden los intereses de las empresas extractivas, porque podrían estar defendiendo sus propios intereses y como eso se maneja a otros niveles y en secretividad; eso no es público”.

Las y los defensores de los derechos de las comunidades asechadas por los proyectos mineros, hidroeléctricos o fotovoltaicos coinciden en identificar lo que denominan “el descarado tráfico de influencias que hay desde la institucionalidad del Estado” para permitir su funcionamiento, pese a la evidente violación de derechos humanos. “Los militares son los que realizan las labores de seguridad pública para estas empresas que, teniendo la capacidad para contar con seguridad privada, tienen la facultad del Estado para ejercer una seguridad sin pedirla, pero con ello utilizan el tráfico de influencias, pues existen marcos generales que les dan el poder a los militares”, agrega Tábora.

En el sur de Honduras, Nidia Castillo es integrante de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos que opera en Choluteca. Este grupo de abogadas, junto al Movimiento Más Vida, han apoyado a las comunidades que luchan contra la instalación de las empresas fotovoltaicas. Castillo también considera que las empresas extractivas realizan acciones directamente acuerpadas por el Estado de Honduras, a través de agentes policiales, elementos militares, Fiscales y Jueces. Una embestida, agrega, que ha dejado como herencia procesos de criminalización contra líderes y lideresas de muchas  comunidades; despojos y rompimientos del tejido social.

El análisis de los abogados consultados coincide con el informe internacional “Guapinol Resiste”, en el que participaron expertos de universidades de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, y que fue presentado en el mes de septiembre del 2020. El documento denuncia, refiriéndose al caso Guapinol, que “el Estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa”, en este caso Inversiones Los Pinares. Sin embargo, esa es la misma historia que han vivido, en la última década, todas las comunidades que en Honduras han decidido resistir a la invasión de la industria extractiva.

El impacto de remilitarización en las comunidades en resistencia

Pese a que desde el 2017, y hasta la saciedad, se ha conocido que Honduras fue denominado por la organización internacional Global Witness, como el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, y que desde el 2010, más de 120 personas han sido asesinadas en este país centroamericano por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente, ninguna acción concreta que quite el manto de impunidad de los asesinatos, o que prevea otros que se han suscitado en los últimos dos años, se ha realizado desde la administración gubernamental actual.

En comunicación con el equipo de prensa del CESPAD, la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras (SDH), reconoce que hay “dificultades en la relación territorios, comunidades y la implementación de los proyectos socio-ambientales”. Por eso, dicen, están impulsando acciones para “asumir los principios rectores de empresas y derechos humanos para prevenir vulneraciones en los conflictos sociales”.  Sin embargo, este ente estatal es fuertemente criticado por el rol tímido y precario que ha jugado en relación con los procesos de remilitarización de las zonas en conflicto, al igual que con la defensa de derechos humanos de las y los defensores ambientales.

Kenia Irías, abogada encargada de la Dirección de Conflictividad Social de la SDH, dice que se le da dado seguimiento a los conflictos sociales que se presentan en los territorios y que han sido canalizadas a través del Mecanismo Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos. La SDH afirma que desde la institucionalidad se han realizado diversas acciones dirigidas a los entes de investigación, ante los reclamos sociales planteados por las comunidades, y se han abordado las demandas sociales de las comunidades en las mesas técnicas de prevención de conflictos sociales con las instituciones de Estado que tienen competencia en estos casos. Asimismo, que se han establecido procesos de diálogos coordinado por las autoridades locales, municipales y departamentales en la búsqueda de soluciones y respuestas ante la conflictividad presentada.

Los asesinatos, el saldo más lamentable en las luchas territoriales

Una radiografía de las consecuencias que han dejado los conflictos socio-ambientales en Honduras, evidencian que las acciones realizadas desde la institucionalidad del Estado no han dado resultado positivo. Entre el 2013 y el 2019, nueve (9) indígenas Tolupanes fueron asesinados en diversas circunstancias, en la montaña de la Flor, en el departamento de Yoro. Sus muertes permanecen en la impunidad, al igual que las agresiones de indígenas en otras tribus Tolupanes más, mientras defendían sus territorios, ríos y bosques.

Punta Piedra (una aldea Garífuna establecida en el Municipio de Iriona, departamento de Colón, Honduras) se tiñó de luto el pasado 18 de junio del 2020, cuando Antonio Bernárdez, un respetado anciano y líder de la aldea, fue asesinado luego de formar parte de una comunidad que luchaba y sigue luchando para que el Estado de Honduras haga efectiva la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que en el 2015 le ordenó que hiciera las gestiones correspondientes para devolverle las tierras a las y los garífunas, que han sido invadidas por foráneos.

Muchos casos más, de asesinatos y acciones en contra de defensores de los territorios se podrían citar, como el más reciente acontecido: el secuestro y desaparición de cuatro garífunas del Triunfo de la Cruz, en el Departamento de Atlántida, el 20 de julio pasado. La sociedad hondureña y las comunidades Garífunas, en particular, demandan celeridad en las investigaciones  para dar con el paradero de Esnider Centeno, presidente del Patronato de la comunidad; Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Mizael Róchez Cálix.

Ese escueto escenario sobre los asesinatos a defensores ambientales hace que el derecho a la vida se ubique como el derecho humano que más impacto tiene cuando se violenta para las comunidades. Más aún, cuando a la fecha todos los crímenes que se registran permanecen en la impunidad. Ramiro Lara identifica la auto-determinación, la información, la consulta libre, un ambiente sano, la salud física,  respeto de la cultura y sus costumbres; la armonía y la convivencia familiar, como los derechos que han sido violentados con la embestida de la industria extractiva en Honduras.

Tábora coincide con los abusos que ha habido de esos derechos humanos, pero sugiere que hay que agregar el ataque directo al derecho de la asociación, la violación del derecho a la intimidad, el que se vulnera con campañas de intimidación y de difamación. Asimismo, la violación al derecho al honor, perpetrado por los militares, porque, “juegan un papel importante ya que son los que realizan las vigilancias y los perfiles de los habitantes de las comunidades”.

La torcida judicialización de líderes y lideresas

En el informe de país, “Situación de Derechos Humanos de Honduras”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se presentó en agosto del 2019, entre muchas otras recomendaciones, pide a las autoridades “Tomar medidas urgentes para evitar el hostigamiento judicial a defensoras y defensores de derechos humanos, tales como protocolos y capacitaciones a operadores de justicia, con el fin de evitar que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores de derechos humanos”.

Sin embargo, Honduras registra, en la actualidad, la judicialización de líderes y lideresas que se han visto envueltos en procesos que, de acuerdo con los abogados defensores, han estado llenos de vicios. En Azacualpa, para el caso, 6 hombres y una mujer están siendo procesados por MINOSA e INCOBE, acusados del delito de daños a la propiedad. El caso ya se elevó a la fase de juicio oral y público. “Estamos pendientes de hacer audiencia probatoria y luego el debate oral y público”, dice el abogado Víctor Fernández, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), una organización que acompaña y representa legalmente a los pobladores de Azacualpa.

Fernández sostiene que todo es un montaje de la empresa, avalado por el Ministerio Público y el órgano judicial hondureño, ya que ninguno de la y los procesados ha podido ser identificado con las imágenes de las cámaras de seguridad que se presentaron como pruebas en el juicio, para acusarlos del delito de daños a la propiedad. “Por eso afirmamos que es un acto de criminalización, de intimidación, para desestimular la resistencia”, agrega.

De hecho, Denis Deras ya casi pierde la cuenta de las denuncias que él ha interpuesto ante diversas instancias estatales por los daños y perjuicios ocasionados a la comunidad, con las detonaciones de los cerros con dinamita y la socavación de los cerros y montañas que ha hecho la empresa MINOSA. “Pero de aquí todo está a favor de la minera. Hasta a derechos humanos he ido, a la DPI,  y ninguno me hizo caso”, dice. Este hombre contrapone su experiencia con la rapidez con la que ha avanzado el proceso incoado por MINOSA, por daños a la propiedad, porque él es una de las siete personas que están próximos a acudir al juicio oral y público. “Me siento muy preocupado por la familia, por mis hijos, que son los que sufren”, dice, luego de meditar que no desconoce lo que ocurre con los ocho líderes de Guapinol, que llevan encarcelados cerca de un año.

Y es que en Honduras, el caso, quizás más emblemático sobre judicialización de defensores, es el de Guapinol. Se trata de ocho pobladores que se han enfrentado a la justicia hondureña por defender sus territorios y ríos. Al encarcelamiento que llevan, durante casi un año, le antecede un proceso judicial  plagado de vicios e irregularidades. Pero también, el apoyo de muchas organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, como la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que en abril del 2020, en plena pandemia, solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de proteger la vida e integridad de los ocho defensores del agua de los ríos Guapinol y San Pedro. 

Más recientemente, el pasado 15 de agosto, el cuerpo de abogados junto a defensores del medio ambiente de la causa Guapinol, brindaron una conferencia de prensa a través de la que informaron que la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán revocó el sobreseimiento definitivo, emitido a favor de 6 defensores del Río Guapinol, el 4 de marzo de 2019, y dictó auto de formal procesamiento junto a otros ocho que guardan prisión preventiva en el Centro Penal de Olanchito, Departamento de Yoro, por el mismo caso.

Mientras, en otro extremo del país, Castillo y la Red de Abogadas de sur se enfrenta al poderío de las empresas fotovoltaicas que mantiene criminalizados a 10 líderes de varias comunidades de Namasigüe. “La mora judicial para estas personas es ingrata”, dice.

Y es que desde el año 2017 se interpusieron dos recursos de apelación por los agravios que ocasiona la resolución dictada en primera instancia. Sin embargo,  hasta hoy nada se ha resuelto y los lugareños siguen enjuiciados por los delitos de Coacción y Amenazas. En la actualidad, los aldeanos están con medidas cautelares: no pueden salir del país sin previo permiso y tienen que firmar periódicamente en el juzgado correspondiente. “El retardo de justicia es cruel ya que conlleva consigo un desgaste económico, psicológico y espiritual, mutilando el deseo de libertad y de justicia de los defensores y defensoras ambientalista”, concluye.

En busca de justicia… pero fuera de Honduras

Los tres casos descritos hasta el momento son, como se insiste, apenas tres, de decenas más de luchas territoriales que acontecen en Honduras. Sin embargo, los consultados concuerdan en que la  justicia hondureña ya evidenció que está a favor de quienes ostentan las concesiones. Entonces, ¿cuál es la opción que les queda a estas comunidades?

Tábora dice que las comunidades deben documentar las situaciones vividas, en particular los patrones de violaciones de derechos humanos para “llevarlos a las diferentes instancias internacionales hasta lograr la condena del Estado”. Si bien es cierto que Honduras ya tiene condenas por esta situación, documentar las violaciones es importante para buscar el apoyo de organizaciones de derechos humanos a nivel externo, agrega.

Este y otros defensores de derechos humanos concluyen con que será difícil revertir en la actualidad los patrones que, de forma armonizada, ponen en práctica las instituciones del Estado y las empresas de la industria extractiva. ““Recordemos que hay una estrategia, producto del neoliberalismo”, dice el militar consultado en párrafos anteriores, “para entregar todos los recursos naturales, renovables y no renovables que incluye el bosque”, agrega.

Los conflictos territoriales difícilmente desaparecerán porque son parte del sistema de gobierno que se ha implementado en las últimas tres administraciones, profundizándose, con el apoyo de estados y países externos, en la actual gestión de gobierno. “A mediano y largo plazo el panorama es pesimista, pues habrá más casos de defensores de derechos humanos presos al igual que líderes que defienden sus territorios y sus recursos renovables”, agrega uno de los entrevistados.

Los analistas coinciden en que lo más cercano a un ligero cambio de esta situación, que se tiene, es el próximo proceso electoral del 2021, siempre y cuando llegue al poder la oposición. Sin embargo, otros opinan que ese cambio será insignificante debido a que el poder político y económico existente es y será el mismo, buscando mantener el estatus Quo y para ello apoyarán al partido político que se los garantice. “El que Juan Orlando Hernández se vaya no significa que estas situaciones vayan a cambiar”, concluyen.

Y así avanza la incursión de la industria extractiva en Honduras, un rubro que a raíz de permisos, licencias y concesiones otorgadas por el Estado de Honduras, sin que durante esos procesos se hayan respetado los derechos humanos de los pueblos, ha generado no el desarrollo que pregonan, sino, más bien, desasosiego, llanto, persecución, muerte, criminalización y judicialización de las y los líderes que se atreven a cuestionarles. Y lo peor, el saldo a la fecha de no menos de 120 crímenes de defensores ambientales que permanecen en la impunidad.