Presentación del informe sobre los impactos del modelo de transición energética en Honduras
Un espacio para la reflexión sobre energía, derechos humanos y justicia ambiental
En un encuentro que reunió a organizaciones defensoras de derechos humanos, movimientos sociales, representantes de comunidades, medios de comunicación y personas comprometidas con la defensa del territorio, se presentó el informe «El lado oscuro de la transición energética: colonialismo verde en el sur de Honduras».

La jornada estuvo marcada por el intercambio de experiencias, el análisis crítico y el testimonio de quienes han vivido de cerca los impactos de proyectos energéticos en sus comunidades. Más que una presentación de un documento, el evento se convirtió en un espacio para escuchar voces que durante años han denunciado las consecuencias sociales, ambientales y económicas derivadas de un modelo de desarrollo que, según el informe, prioriza los intereses privados sobre los derechos colectivos.
Durante la actividad se hizo un llamado a reflexionar sobre el rumbo de la política energética del país y la necesidad de construir una transición energética que responda a criterios de justicia social, protección ambiental y respeto a los derechos humanos.



Un informe que invita al debate
El estudio fue elaborado por la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH), el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVida), el Instituto de Estudios Políticos (IPS), el Instituto Transnacional (TNI), TerraJusta y la Red de Solidaridad con Honduras (HSN).
El documento analiza cómo el actual modelo de transición energética en Honduras ha sido impulsado bajo un discurso de sostenibilidad, mientras, según la investigación, persisten prácticas que generan conflictos territoriales, impactos ambientales y procesos de criminalización contra personas defensoras del ambiente y los derechos humanos.
Como estudio de caso, el informe examina el proyecto solar Los Prados, ubicado en Namasigüe, Choluteca, señalando una serie de irregularidades en su aprobación e implementación, así como los efectos que las comunidades reportan sobre sus territorios, fuentes de agua, tierras productivas y formas de vida.
Un llamado a una transición energética justa
Las organizaciones firmantes enfatizaron que la transición hacia energías renovables no debe significar nuevas formas de despojo o vulneración de derechos. Por el contrario, sostienen que el país necesita avanzar hacia un modelo energético construido desde la participación comunitaria, la transparencia, la justicia ambiental y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
El informe concluye con una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la investigación sobre los impactos de estos proyectos, garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos y promover políticas públicas que prioricen el bienestar colectivo por encima de intereses particulares.
La presentación de este informe representa un aporte al debate nacional sobre el futuro energético de Honduras y reafirma la importancia de construir soluciones que integren la protección del medio ambiente, la justicia social y el respeto a los derechos de las comunidades.