La oposición a este proyecto se intensifica el 4 de enero del 2016, en la comunidad de Rancherías. La defensa de sus derechos tuvo como resultado un aproximado de 33 personas criminalizadas, 17 de estas fueron acusadas por los delitos de coacción, usurpación y daños, 1 persona asesinada y 2 fueron obligadas a huir del país, como consecuencia de las amenazas en contra de su integridad física y psicológica.
La problemática se ha centralizado entre las comunidades de Costa Azul, Prados 1 y 2, Rancherías y Guamerú, la municipalidad de Namasigüe junto a la empresa Los Prados apostaron por la división entre estas comunidades y negaron su voluntad, logrando en el 2016 la instalación de los paneles solares en Rancherías, sin embargo la empresa tenia evidentes intereses en ampliar el proyecto hacia las demás comunidades, lo que llamó a los pobladores a seguir manifestándose en contra del peligro inminente.