Asesinan a un 13% de los activistas que defienden el medio ambiente: estudio
27 de octubre de 2020
Tomado de Forbes Centroamérica
DW. – A pesar de la crisis sanitaria mundial, el asesinato a defensores del medio ambiente en América Latina no cesa.
El 13% de las personas que defienden el medio ambiente son asesinadas cada año, un 18% son víctimas de violencia y un 20% de criminalización, según un nuevo estudio elaborado con los datos del Atlas de Justicia Ambiental, una plataforma online que, desde 2012, cartografía los conflictos medioambientales en el mundo.
El último caso es el de Marvin Damián Castro Molina, coordinador de la secretaria de la juventud del Movimiento Ambientalista Social el Sur por la Vida (MASSvida) de Honduras.
“El 40% de los casos los protagonistas pertenecen a pueblos indígenas“, dijo a DW Joan Martínez-Alier, coordinador de la plataforma colaborativa.
En el caso latinoamericano, que protagoniza una cuarta parte de los conflictos medioambientales en el mundo, “hay más indígenas muertos en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, pero también hay algunos en Ecuador, Chile y Argentina”.
La alta participación de los pueblos originarios en este tipo de conflictos es porque “se defienden más que las otras poblaciones contra las depredaciones ambientales”.
El estudio analiza 2,743 casos, las características de los defensores ambientales involucrados, las estrategias de movilización exitosas y los resultados de conflictos, además de su asociación con movilizaciones indígenas o no indígenas.
De este modo, el informe pretende cerrar la brecha de la falta de investigación de los conflictos ambientales a nivel global y entenderlos mejor. América Latina, rica en recursos y en activistas “La promoción del modelo económico extractivista ha permitido el hostigamiento y asesinato de un gran número de defensores sociales y ambientales”, recordó a DW Erika Castro Buitrago, investigadora en Derecho Ambiental en la Universidad de Medellín (Colombia).
“En este modelo no existe un especial interés por el diálogo y la mirada a concepciones alternativas del ambiente y los derechos humanos”, agregó.
La existencia de grandes recursos y los intereses que estos generan han hecho proliferar movimientos locales, que pueden llegar a unos quinientos, contra conflictos por acceso a tierras, agua y minería.
Martínez-Alier calculó que “quizás hay unos cinco mil activistas ecologistas activos en América Latina, más de la mitad mujeres“.
El éxito de la resistencia
Según el estudio, los activistas medioambientales consiguieron detener el 11% de los 2,743 conflictos ambientales en todo el mundo a través de diversos tipos de acciones.
“Lo más efectivo es mezclar varias formas de movilización y sumar fuerzas”, agregó el coordinador de EJAtlas apuntando al apoyo que pueden prestar científicos, profesionales o grupos religiosos a las causas que defienden campesinos indígenas.
En el caso latinoamericano, Martínez-Alier destacó el uso de las consultas populares destacando el éxito de las de Esquel en Argentina, Tambogrande en Perú y La Colosa en Tolima (Colombia).
“A veces se dan bajo la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protege a poblaciones indígenas, y otras por pura democracia local, para decidir sobre un proyecto minero y de extracción de petróleo, etc.”, recordó.
“América Latina es la región del mundo en la que más países han ratificado el Convenio 169 y, sin embargo, se observa que en la práctica los avances en su aplicación dejan aún mucho que desear”, dijo a DW Georg Dufner, director del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer (KAS).
Dufner comparó esta situación con la de Canadá, donde, a pesar de no haber ratificado dicho convenio, “entre el 80% y el 90% de los procesos de consulta a pueblos indígenas logran sentencias favorables y medidas compensatorias justas para las comunidades”.
Así, consideró que “el principal problema que sufren los pueblos indígenas latinoamericanos es justamente la debilidad, la ausencia, la falta de acceso, o la corrupción del sistema judicial en el subcontinente”.